La práctica totalidad de los municipios andaluces han reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de un urbanismo incontrolado, que ha plagado de edificaciones irregulares el suelo no urbanizable andaluz. De todos era conocido que la construcción de viviendas al margen de la legalidad urbanística constituye una realidad palpable que requería ser abordada con determinación para paliar los problemas de toda índole que la situación provoca.

Consecuencia de esa necesidad comúnmente compartida, resultó el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que en su artículo 53 abría, por primera vez, la vía a la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de aquellas edificaciones ancladas en el limbo jurídico del que se venía haciendo eco la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre las que no cabía adoptar legalmente medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y de ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística, al haber transcurrido los plazos legalmente establecidos para ello.

Al Reglamento de Disciplina Urbanística siguieron el Decreto 2/2012, de 10 de enero, y la Ley 2/2012, de 30 de enero; la Ley 6/2016, de 1 de agosto, y la Ley 2/2018, de 26 de abril, además de una abundante producción normativa de menor rango, que no ha conseguido de bloquear el nudo gordiano que para solucionar los problemas de orden social, sanitario, de salubridad y de medio ambiente
representaba la redacción primaria de la LOUA y sus posteriores modificaciones.

El desarrollo durante décadas de este urbanismo incontrolado ha dado lugar a la existencia de más de 300.000 viviendas irregulares (censadas en el año 2010) a lo largo y ancho de la geografía andaluza, de las que tras esa prolífera producción normativa, solo se ha podido regularizar un escaso diez por ciento. Trescientas mil viviendas condenadas a una paulatina degradación, que no se podían demoler legalmente, pero a las que tampoco se les podía prestar servicios básicos como luz, agua y alcantarillado, ya que para ello había que esperar tanto a la aprobación del planeamiento general como de los posteriores planes especiales o planes parciales que lo desarrollasen; planes generales que tardan décadas en aprobarse y que cuando se aprueban, tardan meses en ser anulados por los
Tribunales, generalmente como consecuencia de una dudosa normativa autonómica que intentó parchear lo que se evidenciaba como una clara disconformidad a la normativa europea y estatal.

Las consecuencias de esta política de impedir el acceso a los servicios básicos de las edificaciones irregulares existentes, siempre a la espera de aprobación de los planes generales, ha originado tremendas insuficiencias, en cuanto a estándares de calidad de vida, a las personas que las habitan, al no disponer de un servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable con unas mínimas garantías, o de un adecuado servicio de alcantarillado, que se han traducido desde una perspectiva medioambiental, en la proliferación de pozos ilegales y de pozos negros o ciegos, causantes de un importante daño en los acuíferos y propiciando la contaminación del dominio público hidráulico, con los graves riesgos que ello puede conllevar para la salud de las personas.

El medio ambiente importa, importa muchísimo, pero también importan las personas, y es por ello por lo que al amparo de la nueva la vía normativa que abre el Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado recientemente por el Gobierno de Andalucía,
se presenta esta Ordenanza como solución final a un problema heredado desde hace décadas que ha tenido su origen en una generalizada indisciplina urbanística extendida a lo largo y ancho de toda nuestra geografía.

Con el nuevo marco normativo que configura el Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre, que simplifica los procedimientos y amplía la declaración de asimilado a fuera de ordenación, lo que permitirá a los propietarios de las edificaciones irregulares acceder al Registro de la Propiedad, a los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado, así como realizar obras de reparación.