No hay duda de que las viviendas irregulares se han convertido en un problema crónico en Andalucía. Sobre todo, por la complejidad administrativa y la falta de iniciativa para encontrar una solución al problema. Hasta ahora. Las normativas aprobados en la última década van en sintonía a poner fin a años de caos jurídico y urbanístico para encontrar una solución a las viviendas irregulares en Andalucía.
El origen de estas edificaciones, fuera de toda planificación, provoca que no cuenten con infraestructuras para los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad, por lo que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de seguridad y salubridad requeridas para su habitabilidad. Es por ello que estas edificaciones irregulares han provocado riesgos para la seguridad y salubridad de la población afectada, derivados de la localización en zonas con riesgos naturales y del autoabastecimiento de agua en suelos contaminados por la falta de saneamiento y depuración de las residuales.
Cuestiones de salubridad: con la creciente contaminación de acuíferos, de seguridad o de enganches ilegales de energía, entre otros, son los que están marcando el devenir de estos ámbitos en los que la ingente aglomeración y el crecimiento de edificaciones parecen no tener límite alguno.
Impacto medioambiental: hay que adoptar, sin más dilaciones, medidas urgentes que minimicen el impacto territorial, ambiental y paisajístico que provocan las edificaciones irregulares.
Seguridad y legalidad: es importante el resolver las deficientes condiciones de seguridad que padecen cientos de miles de familias andaluzas y que se regule mediante una normativa en materia de edificaciones irregulares eficiente y que facilite de una vez por todas las condiciones de estas construcciones que para muchos son sus primeras y únicas viviendas.
