Viviendas ilegales en Cádiz: inmunidad de grupo

Pandemia, precios al alza y la moda de las casas prefabricadas han reforzado el fenómeno de las viviendas ilegales La Fiscalía ha alertado de la “desidia” de los ayuntamientos de la provincia

Un melanoma. Como una célula cancerígena, las viviendas ilegales replican a su modelo: parecen casas normales, pero no son casas normales. Tienen la capacidad de crecer de forma incontrolada cuando menos te lo esperas y actúan por metástasis: una vez una “célula” aparece en otro lugar, enseguida se contagia. Invade y destruye el tejido “original” y, al final, es muy probable que el escenario colapse.

La comparación es buena, y no es desde luego de la que escribe. La apuntaba el arquitecto Antonio Piñero, de la Universidad de Sevilla, en su estudio sobre enclaves irregulares de Andalucía, y la utilizan a menudo los ecologistas para hablar del fenómeno. Además de buena, es brutal. El agradable campito al que nos invitan, al que vamos los fines de semana, en el que vivimos, no merece ser llamado carcinoma, ¿verdad? Por sí mismo, sin duda no lo es: en compañía, es otro tema.

La Fiscalía General del Estado hacía pública hace unos días su memoria anual, subrayando en el caso gaditano su preocupación por la proliferación de construcciones y parcelaciones ilegales en la provincia. El ministerio fiscal mostraba su sorpresa ante la “dejación” en la que parecían haber caído en materia de urbanismo muchos ayuntamientos gaditanos, destacando la voracidad de las construcciones ilegales, que apenas dejaban margen a la actuación, y definía de “poco satisfactoria” la relación con las administraciones locales, que debería ser “clave” para este tipo de delitos.

También en su memoria de 2020, la Fiscalía de Cádiz señalaba que, aunque durante este periodo se han reducido los procedimientos penales por delitos contra la ordenación del territorio, se habían incoado el doble de diligencias de investigación en esta materia. Y estamos hablando del año del covid: “Se han interpuesto un importante número de denuncias ante los Juzgados de Barbate y El Palmar por construcciones ilegales en parcelaciones de un total de 600 hectáreas, y en la localidad de Jerez y en Arcos de la Frontera consistentes en la rápida instalación de casas prefabricadas que impiden la adopción de medidas cautelares tendentes a paralizar la construcción”, apunta el informe, que también hace una mención especial a las actuaciones de la zona del Zabal (las “narco-casas”).

EN 2019, ANTES DE LA ACTUAL ECLOSIÓN, FOMENTO ESTIMABA EN 45.000 LAS CASAS IRREGULARES

“Como cualquier vendedor de material de construcción puede decirte, el actual ritmo de ventas se asemeja al de los tiempos de antes de estallar el ladrillo”, comenta David Moreno desde Toniza-EA Chiclana. Los nuevos tiempos han traído también nuevas modas: la de las casas prefabricadas de la que habla la Fiscalía, frecuente en emplazamientos como El Palmar. De hecho, desde Ecologistas en Acción han puesto en marcha la iniciativa SOS Costa de Cádiz contra lo que llaman un nuevo tsunami de especulación urbanística. Los ecologistas llevan ya varias muescas a su favor en la provincia: Valdevaqueros (Tarifa), PGOU de Chiclana, Guadalquitón (San Roque)…  «Los distintos responsables deberían empezar a pensar que si nosotros, sin recursos, conseguimos tumbar causa tras causa… Lo mismo es que algo de razón llevamos», comenta al respecto su portavoz, Juan Clavero. Pero aún hay proyectos urbanísticos en marcha que, señalan, entran en conflicto con los valores medioambientales: el de las marismas de Trebujena (junto a Doñana); en los pinares de Sancti Petri, en El Palmar o en la playa de Los Lances -donde los ecologistas han pedido explicaciones al Ayuntamiento de Tarifa sobre los plazos de aplicación del Plan Parcial del PGOU en la zona, hasta ahora, sin respuesta-.

Esta nueva fiebre no es ajena a factores como el ansia por el espacio tras la pandemia (que la próxima nos pille en el porche, con la escopeta y el banjo), o el continuado aumento de precios en el parque inmobiliario del centro de muchas ciudades. Pero también se habla de una vuelta a la especulación urbanística: “Nosotros, a quienes estamos denunciando sobre todo es a promotores”, indica David Moreno.

Hacer un cálculo de las viviendas ilegales en la provincia es digno de las pruebas de Astérix. O de Hércules. Hace un par de años, antes de esta actual eclosión, desde la Consejería de Fomento se estimaba en más de 45.000 el número de viviendas irregulares. El fenómeno, desde luego, no es único: en Andalucía aparecen en rojo las zonas de la costa y la Axarquía malagueñas, así como las conurbaciones en torno a Sevilla y Córdoba capital. En la provincia de Cádiz, 16.951 de las construcciones irregulares registradas aparecen en el área de la Bahía de Cádiz-Jerez; 6851 en la Janda; 5358 en la Bahía de Algeciras; 6.841 en la Costa Noroeste y 14.078 en la Sierra. Esto, según los datos recabados por inspección. Y hay casos conocidos y descacharrantes, como el de Barbate, con tres núcleos urbanos de facto: “Dos de ellos, Zahora y Los Caños, no tienen alcantarillado y sacan el agua del suelo”; recuerda Juan Clavero.

CÓMO ACTÚA EL MELANOMA

La cuestión de la seguridad puede ser directa y concreta como en el ejemplo anterior , o indirecta y colectiva. El daño de las construcciones incontroladas (la metástasis) se traduce a medio plazo en la presión de los recursos de los extrarradios: una presión que va a más. El fenómeno de las parcelaciones, advierten desde Toniza-EA, ha hecho que el tamaño que ocupan las viviendas irregulares en la provincia vayan disminuyendo. Así, donde antes quizá había una familia, ahora hay cuatro, con sus correspondientes enganches de luz y agua. “La mayoría de las construcciones se abastecen de la red municipal. Otras, tiran de pozos, que también es ilegal -desarrolla Clavero-. Igual ocurre con la luz: En el Pinar de Coi, había un informe de Endesa facilitando suministro por ‘causas de salubridad pública’, algo flagrantemente ilegal, y al final se echaron atrás”.

El problema de la presión hídrica es especialmente acuciante en lugares como el Pago del Humo, en Chiclana, que ya ha vivido episodios de contaminación. Todo ello, sin contar otros precios medioambientales, como el de la movilidad (la dependencia del coche), el impacto paisajístico, el exterminio de pulmones verdes o la inutilización del suelo: “Duele que talen un pinar, pero como pongas la planta de hormigón en el suelo, te lo cargas”, indica David Moreno.

“El crecimiento urbano se planifica para facilitar la vivienda a la población -concluye Moreno-. Pero eso debería incluir prioritariamente viviendas sociales, alquiler social... No que gran parte de lo que se fomenta, facilita y construye, es para segundas viviendas”.

Fuente: DIARIO EUROPA SUR

https://www.europasur.es/noticias-provincia-cadiz/viviendas-ilegales-cadiz-inmunidad-grupo_0_1613840567.html

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