En El Puerto, Ecologistas en Acción ha tramitado este año una queja al ayuntamiento ante la falta de información en varios expedientes de protección de legalidad urbanística, «que afectan, entre otros -afirman-, a terrenos que ocupará la futura Vía Verde». Entre los diez expedientes señalados, en algunos se solicita la entrada para demolición sin más noticias; alguno está paralizado; en otro, el dueño niega la entrada para su demolición «sin noticias desde entonces»; en otro, se archiva «por error del procedimiento»; otros se archivan por caducidad.
Javier Ricoy se ha encargado de hacer el seguimiento de estos casos: en el último año y medio, coincidiendo con la pandemia, la información de determinados expedientes “ha sido cero. Nos hemos quejado al Defensor del Pueblo al respecto y algo más de información han facilitado, pero tampoco completa”.
En general, la excusa desde los municipios es que no tienen personal. Ocurre, como subrayaba Fiscalía, que la actuación de la administración local es fundamental, sobre todo, ante el carácter fagocitador de las parcelaciones. Actualmente, el procedimiento suele ser levantar un muro alto en una parcela grande y, en el interior, montar una vivienda prefabricada, con lo que en unos días ya está levantada la casa. Con gente dentro: “Como la administración es tan lenta, hay viviendas que se empiezan a denunciar cuando están los cimientos y, cuando llega algún procedimiento, la casa ya está construida y habitada”, comentan tanto Ricoy como Moreno. “Luego, dicen que es muy difícil notificar a los propietarios, porque no los encuentran, cuando la ley señala que la administración local puede paralizar la obra”.
5.100 VIVIENDAS IBAN A SER LEGALIZADAS EN EL PGOU DE EL PUERTO, RECHAZADO EL PASADO JUNIO
«Los ayuntamientos tienen la competencia en las construcciones ilegales y en las parcelaciones: si empezaran ahí, con la ley en la mano, no se llegaría a construir -remacha Javier Ricoy-. El Reglamento de Disciplina Urbanística es un arma muy potente a la hora de perseguir este tipo de delitos”.
El Tribunal Supremo confirmaba también la anulación, el pasado mes de junio, del PGOU de El Puerto al encontrarse una “falta de integridad” en la planificación, por haber sufrido una aprobación fragmentaria y sucesiva. El Plan iba a legalizar unas 6000 viviendas (de las que pasaron el filtro 5100), ahora en el limbo. Los ecologistas computan casos irresolubles en zonas protegidas o llamadas a ser zonas verdes, por ejemplo, que no caducan en los administrativo ni en lo penal, en el Pinar de Coi o en la Sierra de San Cristóbal… “con expedientes abiertos desde hace veinte años”, continúa Ricoy. De las 50 denuncias interpuestas al respecto en El Puerto, ninguna ha llegado a la demolición.
“La dinámica es dejar que caduquen los expedientes -prosigue-, pero nadie dice que los dejen morir. Los propietarios utilizan cualquier argucia para alargar los procedimientos«.
Luego está, indica Javier Ricoy, la vertiente Penal, que es a la que se refiere la Fiscalía cuando habla de «comunicación nula, aunque los fiscales también podrían actuar de oficio. Hay incluso casos cerrados, con sentencias firmes, en los que si el derribo no lo hace el particular, «tiene que hacerlo la administración». Y la desidia no es sólo local: “La Junta de Andalucía también tiene competencias compartidas con el Ayuntamiento”, recuerda.
El sentimiento de impunidad es, por tanto, la tónica: “Y cada vez estamos yendo a más: tanto es así, que tenemos que seleccionar las parcelaciones por gravedad”, cuenta David Moreno, indicando que en el grupo se limitan a hacer constar edificaciones situadas en suelo no urbanizable o especialmente protegido. Uno de los últimos casos que se han dado en Chiclana es el de una edificación justo al lado del arroyo Ahogaratones, “en una zona evidentemente inundable”.
Fuente: DIARIO EUROPA SUR
https://www.europasur.es/noticias-provincia-cadiz/viviendas-ilegales-cadiz-inmunidad-grupo_0_1613840567.html
